El Estado mexicano ha decidido impulsar unas reformas energéticas que entregarán al capital extranjero riquezas naturales (gas, petróleo, electricidad, agua y minería), y la infraestructura correspondiente para extraerlas.
La afectación a las comunidades y ejidos campesinos será absolutamente devastadora, pues ataca directamente la vocación agrícola y forestal del campesinado e invadirá y acaparará las tierras de propiedad social en aras de la exploración y extracción “energética”.
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