Guerrero, un estado plagado de fosas del crimen organizado

El estado de Guerrero en particular y México en general siguen conmocionados por la desaparición hace ya un mes de 43 estudiantes que realizaban una protesta y fueron atacados por la Policía.  Nada se sabe del paradero de los jóvenes y no es el único caso a investigar. En lo que va de año, 240 personas han desaparecido y se han descubierto 152 cadáveres en fosas clandestinas solo en Guerrero, según ha informado el Servicio Médico Forense de la región.

seguir leyendo en  Librered

Detenidos en México 22 policías por el asesinato de 43 estudiantes

La Fiscalía sospecha que los 28 cuerpos que se han encontrado hasta ahora seguramente son algunos de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos el pasado 26 de septiembre en la misma ciudad.  Las autoridades también creen que la policía local está implicada en el dramático suceso: acusa a los agentes de aliarse con un grupo criminal para eliminar a los estudiantes

seguir leyendo en Librered

Instituciones corrompidas y criminalización de la política en México

La "guerra contra la droga”, iniciada en diciembre de 2006 por el presidente Felipe Calderón, hundió a México en una grave crisis. Más allá del dramático balance humano (sobre 50 mil homicidios ligados al narcotráfico, 230 mil desplazados que huyen de la violencia, centenares de miles de desapariciones forzadas y decenas de miles de huérfanos, de heridos y de familias en duelo), el corazón del sistema político mexicano ha sido tocado : el retroceso de la legalidad y la violación sistemática de los derechos humanos en el contexto de este conflicto armado muestran, de una manera clara, las debilidades y el nivel de corrupción del Estado mismo.

seguir leyendo en Adital

El Movimiento por la Paz en el punto de mira de las balas

“Está claro que se están enfrentando dos modelos de paz, el de la paz con justicia y dignidad, y el de la paz armada”, resume Pietro Ameglio. El Movimiento por la paz exige una vez más al gobierno la aparición de Eva y Marcial y justicia inmediata para el resto de víctimas, así como la implementación de un mecanismo de protección a defensores, que vienen trabajando varias ONG. A nivel interno, reconocen que deben replantearse otros modelos de seguridad propia. Pero no renuncian. A cinco años de que el presidente Calderón decretase su combate abierto al narcotráfico, cada uno de los 50.000 muertos cuestiona esta estrategia.

seguir leyendo en Rebelión