“A pesar de que la Constitución y una variedad legislativa reconocen el derecho al cuidado del ambiente, la política para el área en muchas casos no es eficaz ni sustentable por ser equivocada técnicamente y no estar armonizada con otros sectores y políticas sociales, así como por la completa impunidad ante las faltas, afectando diversos derechos humanos”, denuncia el informe preparado por las organizaciones no gubernamentales.
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